Desde el Cabildo aseguran que las licencias de la finca están en la Fiscalía
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo insular, José Joaquín Bethencourt, ha asegurado que todas las licencias de obra que se han ejecutado en la finca de Boquín, y que han provocado que haya una sentencia del TSJC, están en la Fiscalía. El titular del área en la Corporación confirma que cuando existe un proceso judicial “hay que ser muy respetuoso y, en todo caso, colaborador y el Cabildo lo ha sido pero defendiendo nuestra posición que es la de que todo se ha hecho bajo estrictos parámetros de legalidad”.
El Cabildo cuando hace diez años se hizo con parcelas en la zona lo hizo, en primer lugar, “para proteger la zona”, relata. Hoy, diez años después, estamos actuando conforme a un Plan Director que ha regulado las actuaciones, motivo por el que “podemos demostrar que todo se ha realizado en la más estricta legalidad”, aduce. En todo este tiempo, han cambiado las leyes de Ordenación del Territorio y el entorno jurídico es altamente complejo. Sin embargo, el Cabildo ha creado un espacio para la divulgación de espacios agrarios de la zona. Por esta razón, Bethencourt entiende que haya habido vecinos que han sabido sacar provecho del asunto poniendo en tela de juicio las actuaciones que hemos realizado.
“No ocultamos nada”
En asuntos espinosos como éste, argumenta Bethencourt, “no se pueden sacar lecturas erróneas”. Asimismo, aclara que sobre la finca, el Cabildo ha realizado ruedas de prensa, por lo que “es evidente que no ocultamos nada”. Las infracciones de las que hablan los vecinos “son rotundamente falsas”, indica.
La Fiscalía tiene las licencias, “además desde hace tiempo”, reconoce, “pero la documentación se tiene que mantener, por el momento, en un marco de discreción para no airear este asunto que, además, puede enmarañarlo todo aún más”. Según el consejero, el origen del problema lo inician los vecinos al querer dar el mismo valor al suelo de uso público que al residencial, cuando el marco legal no el mismo. La finca tiene 170.000 metros cuadrados (17 hectáreas), extensión en la que se han realizado muchas actuaciones, algunas muy recientes, como una serie de pistas interiores, “que no carreteras como han dicho, pero donde se ha tenido que intervenir con cemento en ciertos puntos para el paso de los camiones que trabajan en el mantenimiento de los bancales”.
Los vecinos cuestionan porqué el Cabildo hace obras y a ellos se les veta, y es porque el Cabildo es quien tiene las licencias de obra. El uso divulgativo de la finca está regulado de forma distinta. Ahora estamos en el camino real de la situación para ver de qué forma lo podemos solventar. Bethencourt afirma también que el Ayuntamiento de Icod entregó a los vecinos y al Cabildo las presuntas irregularidades, lo que provocó en seguida que el Cabildo haya intentado conciliar posturas y no generar crispación, pero ahora las cosas se ven de otra forma. Sobre un fecha de resolución de este contencioso de los vecinos respaldados por el Ayuntamiento contra el Cabildo, Bethencourt asegura que “espero sea pronto porque queda mucho por hacer y, por ahora, sólo se puede visitar la mitad. Ahora en fase de redacción el modelo de uso público para regular de qué forma hacer las visitas y qué aliciente se van a ofrecer.
